Iniciativa para regular outsourcing arriesga miles de puestos de trabajo: CCE

Nov 13, 2020 admin Economía, Más Industria 0

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Tal y como está planteada, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desalienta la creación de empleos, lo que agravaría la frágil situación económica del país ante la crisis provocada por el Covid-19, pues no sólo se perderían empleos, sino que se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, cuya industria manufacturera hace un extenso uso de esta forma de contratación, argumenta la cúpula empresarial en un comunicado.

Por: Redacción/Vanguardia Industrial

CIUDAD DE MÉXICO (13/11/2020).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia de prensa matutina la iniciativa de ley para regular el outsourcing –tercerización o subcontratación—, pues esta figura de contratación laboral – utilizada originalmente para obtener bienes y servicios de un proveedor extranjero— ha sido usada para defraudar al fisco y para afectar a los trabajadores en sus prestaciones laborales como son servicios de salud, ahorro para la vivienda, pago de vacaciones, reparto de utilidades y pago de aguinaldo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el mandatario rompió el pacto con el sector empresarial para realizar una consulta con las empresas afectadas, previa a la elaboración de esta iniciativa de ley y destacó que ésta pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

A través de un comunicado, el organismo empresarial asegura que esta iniciativa “desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19”.

Luego de referir que había un acuerdo previo con las autoridades para  elaborar una propuesta de regulación para la subcontratación –derivada del parlamento abierto que llevó a cabo el Senado el año pasado para tratar el tema de una eventual reforma en la materia—, el CCE acusa que “este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada, y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”.

La elaboración unilateral de esta iniciativa por parte del gobierno federal “viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”.

A pesar de señalar que “estamos de acuerdo en que la subcontratación irregular que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse”, el CCE rechaza la iniciativa de ley “tal y como está planteada”.

Expone que “una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal”.

Al argumentar en favor de la subcontratación, el organismo empresarial asegura que ésta “garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

La subcontratación – incluida en la reforma laboral de 2012, y cuya iniciativa presentada por el presidente López Obrador tiene como objetivo regular tres aspectos que son la subcontratación de personal, los servicios especializados y agencias de colocación—  apegada al marco legal y cumpliendo la ley, dice del CCE “garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

El organismo empresarial destaca la importancia de que siga existiendo esta figura laboral, respecto de la cual la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, afirmó –en representación del grupo de trabajo gubernamental que analizó el tema— que la iniciativa correspondiente busca resolver el problema y los abusos de esta alternativa de contratación laboral para contribuir a la construcción de un mercado laboral más justo y equitativo.

Con regulación y control adecuados, afirma la cúpula empresarial,  la subcontratación es “una figura útil y respetuosa de los derechos, que se utiliza en todo el mundo y que debe continuar existiendo en la legislación mexicana para fortalecer el mercado laboral y la competitividad”, pues “permite a las empresas acceder a personal calificado de forma inmediata”.

A pesar de que durante el anuncio de la iniciativa el presidente López Obrador hizo énfasis en que esta alternativa de contratación laboral “se echó a perder” por el mal uso que se ha hecho de ella, mismo que se refleja en los despidos masivos que se registran los fines de años y las recontrataciones, también masivas en los meses subsecuentes, el CCE llamó a los diputados federales a “establecer un nuevo proceso de parlamento abierto, en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa”.

Con esta petición, la cúpula empresarial busca poder hacer “las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas”.

Además de señalar que para las empresas extranjeras que se establecen en México o para los nuevos empresarios la subcontratación constituye un medio para cumplir con las obligaciones laborales y fiscales, el CCE calificó de “insostenible generar mayores obstáculos en material laboral”, cuando las empresas luchan por mantener su plantilla laboral ante las afectaciones que ha provocado el Covid-19.

Autoridades y empresarios deberíamos estar buscando opciones para fortalecer la economía, y no debilitarla,

sentenció.

Cabe destacar que la iniciativa de ley para regular el outsourcing prevé sanciones económicas y penales.

Las primeras estarán regidas por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 86.88 pesos este año. Las sanciones previstas por la iniciativa irán de 2,000 a 50,000 UMA’s, es decir,  de 173,760 pesos a 4.344,000 pesos.

Por otra parte, la sanción por prohibir una inspección será de 21,720 pesos a 434,400 pesos, monto correspondiente a las 250 a 5,000 UMA’s que establece la iniciativa de ley.

Asimismo, determina diferentes condenas de cárcel que van de acuerdo con los montos defraudados. Así, para menos de 1.734,280 pesos, de tres meses a dos años de cárcel; de dos a cinco años, entre 1,734,280 y 2, 601,410. A partir de esta última cifra, de tres a nueve años de prisión.

Respecto a las sanciones penales, la iniciativa estima una reforma al Código Fiscal de la Federación para que el delito de defraudación fiscal que actualmente se comete por parte de quien con

engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal,

se extienda a la simulación de prestación de servicios, ejecución de obras especializadas o subcontratación de personal.

Las sanciones correspondientes a la eventual reforma están contempladas tanto para los subcontratistas como para quien se beneficie de las subcontrataciones y se prevén de la siguiente manera: de tres meses a seis años de prisión cuando no se pueda establecer el monto de lo defraudado Por otra parte,  en caso de una restitución inmediata y en una sola exhibición de la cifra defraudada, la sentencia podría reducirse a la mitad.

Además de prohibir el acceso a servicios especializados a las personas físicas o morales que incumplan lo establecido en la legislación, la iniciativa incluye una medida fiscal, a través de la cual los pagos o contraprestaciones  derivadas de la subcontratación no serían deducibles de impuestos.

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