Automotriz: llaman a AMLO a reconsiderar sobre “autos chocolate”

Mar 01, 2022 admin Automotriz, Más Industria 0

Dirigentes de las organizaciones del sector automotriz afirmaron que los cambios al decreto que permite la importación de autos usados –publicados el domingo 27—, pueden “convertir a México en el patio (trasero) de Estados Unidos para desechar chatarra”, pues constituyen “definitivamente el mundo al revés en deterioro de lo que representa la promoción del empleo, la recaudación fiscal y el respeto al orden jurídico establecido”.

“…Hacer legal lo ilegal es un rompimiento al estado de derecho, lo que ahuyenta la inversión, misma que busca que haya leyes y que se cumplan”, afirmó José Zozaya. (Foto: Vanguardia Industrial)
El decreto “estimula la entrada de vehículos de contrabando, favorece su regularización, los exime de pagos de impuestos arancelarios (…) y se solicita a los gobiernos estatales facilidades para ello”: AMDA (Foto: Vanguardia Industrial)
“El decreto es contrario al Estado de Derecho. Hay una asimetría regulatoria en la que a los nuevos autos se les exige todo y a los de contrabando nada”: ANPACT (Foto: Vanguardia Industrial)
Las medidas para regularizar autos “chocolate”, “un golpe para el sector automotriz mexicano, no sólo en la parte económica, sino además en la pérdida de empleo”: INA (Foto: Vanguardia Industrial)

Lucio Alejandro Isá

CIUDAD DE MÉXICO (28/02/2022).- El sector de la industria automotriz nacional advirtió que con los mecanismos establecidos para legalizar vehículos de contrabando en el país se estimula la entrada de más vehículos ilegales, se favorece su regularización, se les exime de pagos de impuestos y se solicita a los gobiernos estatales facilidades para ello: es “el mundo al revés en deterioro de lo que representa la promoción del empleo, la recaudación fiscal y el respeto al orden jurídico establecido”, afirmó.

En conferencia de prensa conjunta, que se realizó de manera virtual, los dirigentes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes AC (INA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) pidieron al gobierno federal reconsiderar las medidas que para la regularización de los llamados autos chocolate publicó el Diario Oficial de Federación (DOF) el domingo 27.

Guillermo Rosales Zárate, de la AMDA, destacó en este sentido que no sólo se incluyó a Sinaloa y Zacatecas en la lista de entidades donde se podrán regularizar los vehículos de contrabando, sino que también se amplió la vigencia del registro de los días 20 de julio hasta el 20 de septiembre próximos.

¿Qué significan estas modificaciones al decreto —originalmente anunciado en enero— para el mercado automotor mexicano?

Rosales dijo que para realizar la regularización el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al Registro Público Vehicular (RPV), a través de medios electrónicos o módulos establecidos para ello, bajo protesta de decir verdad, los documentos correspondientes y una constancia de pago de $2,500 pesos, mediante un formulario múltiple. Una vez que el RPV reciba los documentos, de forma inmediata los remitirá a la Agencia Nacional de Aduanas y con sólo el envío de la documentación se tendrá prácticamente por regularizada la estancia del vehículo.

Es por ello que la industria automotriz mexicana advierte sobre los riesgos que implica para el mercado automotor nacional la legalización de vehículos de contrabando en el país y afirma que los mecanismos establecidos vulneran la legalidad, pues la carencia de control puede dejar a un lado eventuales reportes de robo, la calidad mecánica de los vehículos, la obligación de llevar a cabo la verificación anticontaminante, etcétera.

Además, se exime de participación y acciones de control al sistema aduanero y se otorgan al RPV facultades que no le corresponden.

“No sólo estamos ante un procedimiento viciado, sino que las consecuencias repercutirán negativamente en el número de vehículos a los que se conceda la regularización, afectando al mercado formal de vehículos usados y nuevos” en el país, puntualizó Rosales.

Recordó que estudios realizados en 2011 y 2015 determinaron que por el ingreso ilegal de vehículos extranjeros se dejaban de vender al año casi 200,000 vehículos ligeros nuevos en el país.

Y concluyó: “Estamos viendo un decreto que estimula la entrada de vehículos de contrabando, favorece su regularización, los exime de pagos de impuestos arancelarios, pues se circunscribe a un pago único de $2,500 pesos, y se solicita a los gobiernos estatales facilidades para ello: el mundo al revés en deterioro de lo que representa la promoción del empleo, la recaudación fiscal y el respeto al orden jurídico establecido”. De ahí que el sector lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para reconsiderar estos escenarios y construir de la mano con el sector automotor las mejores formas para renovar el parque vehicular, proteger el medio ambiente, impulsar la competitividad de la economía y mantener las inversiones y generación de empleos en el sector, tanto de fabricación como de distribución, que genera 130 mil puestos de trabajo.

Asimetría

Fausto Cuevas, director general de la AMIA, indicó a su vez que las modificaciones que divulgó el DOF el domingo 27 son “todavía más preocupantes porque el marco legal para la importación de vehículos ligeros que corresponde a la Agencia Nacional de Aduanas se obvia y se asignan al RPV facultades que no le competen: el registro de un vehículo que no se importó, sino que se introdujo en forma irregular al país”.

Añadió que esta señal de no cuidar el estado de derecho, lo único que hace es crear mayor incertidumbre a lo que podemos esperar como industria. En nuestro caso cada vez más somos exigidos para dar cumplimiento con una serie de disposiciones en materia de emisiones contaminantes de los vehículos con los dispositivos de seguridad que deben incorporar estos mismos vehículos.

“Sin embargo, los vehículos que han sido internados de manera ilícita al país no tienen que cumplir con alguna de estas disposiciones, sino simplemente mediante una carta bajo protesta de decir verdad con ciertos requisitos mínimos permitirán regularizar todas estas unidades. Adicionalmente, se tenía la intención que la medida se diera exclusivamente en los siete estados fronterizos del país, lo cual en el transcurso del tiempo ha ido cambiando y actualmente son 12 los estados en los que podrá llevarse a cabo esta regularización sin ningún control respecto a la fecha en que hayan ingresado al país, es decir, lo más probable es que los vehículos que se regularicen hayan entrado en su mayoría después del 19 de octubre y continúen ingresando y puedan hacerlo hasta el 20 de septiembre del años en curso”.

Lo anterior “nos preocupa por los efectos que tendrá en el mercado interno, en donde la tendencia es a la baja: “No hemos logrado recuperar los niveles de venta previos a la pandemia”.

“Rompimiento al estado de derecho”

También el presidente ejecutivo de la AMIA, José Zozaya, apareció en la cámara para alzar la voz respecto a este nuevo decreto que permite la regularización de autos “chocolate” y reiteró que en la industria automotriz “hemos tendido la mano para dialogar en todo momento con el gobierno y nuestra mano sigue tendida, queremos que sea un trabajo en conjunto para ver lo que es más conveniente para el país”.

Expresó que

si bien hemos manifestado que era muy loable de poder permitir que la gente de escasos recursos pueda acceder a un automóvil, sin embargo la forma como se está implementando creemos que no es la adecuada, hacer legal lo ilegal es un rompimiento al estado de derecho, lo que ahuyenta la inversión, misma que busca que haya leyes y que se cumplan, certeza del estado de derecho.

Zozaya aclaró que aún el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, “a quien pedimos una cita, no nos ha dado respuesta”. Las reuniones se han llevado a cabo con los secretarios de economía y de gobernación, Tatiana Clouthier y Adán Augusto López, respectivamente. “Las pláticas con estos últimos funcionarios respecto al decreto del pasado 19 de enero no tuvieron ningún impacto, ninguna repercusión para tener mejores mecanismos de control en el proceso de regularización de autos usados. Y por su puesto no tuvieron consecuencias en la decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que se publicó la reforma que ayer (domingo 28 de febrero) se conoció a través del DOF”, aseguró Rosales Zárate.

Asimismo, José Zozaya habló de que existen una serie de incentivos fiscales que se pueden aplicar para promover la venta de vehículos de cierto rango, pero “lamentablemente” no se ha logrado este objetivo.

Y reprochó al referirse concretamente al decreto publicado el pasado domingo: “Quisiéramos ver esa facilitación para la fabricación y registro de vehículos nuevos, para el cumplimiento a las normas oficiales mexicanas que nos exigen y que son tan estrictas para los vehículos nuevos y que generan empleos bien pagados para mexicanos. Nos ha fallado esa coordinación con las autoridades para que pudieran ver el gran valor del sector automotriz y la importancia de apoyar la venta de vehículos nuevos o incluso la venta de vehículos usados pero legales; eso sí genera al sector privado y a la industria; no obstante, lamentablemente, no logramos pasar este mensaje”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ANPACT, Miguel Elizalde, coincidió con José Zozaya y destacó que en el sector automotor “consideramos que el decreto es contrario al Estado de Derecho. Hay una asimetría regulatoria en la que a los nuevos autos se les exige todo y a los de contrabando nada. Hay riesgos en materia ambiental y en seguridad vial: no podemos tener una discrepancia normativa que permita que vehículos de desecho en Estados Unidos puedan circular libremente en México”.

Elizalde estimó indispensable atender más bien las causas de la importación, “que en muchos casos es una falta de transporte público eficiente: hay que mejorar el transporte urbano de pasajeros”.

Al respecto, destacó que no se puede tener un transporte eficiente con autobuses viejos: “Es importante impulsar una movilidad eficiente, donde la renovación de la flota en estados y municipios será fundamental”.

Y recalcó que los retos de seguridad pública que representan los autos de contrabando deben atenderse mediante la legalidad, puesto que hacer eficientes los trámites no significa eliminarlos, porque sirven para dar certeza, transparencia y claridad a los datos de los vehículos. “A mayor legalidad, mayor certidumbre y más empleo”, concluyó.

En su oportunidad, el dirigente de la INA, Alberto Bustamante, puntualizó que en el sector automotor nacional “rechazamos tajantemente” las medidas que se anunciaron para la regularización de los autos de contrabando “porque es un golpe para el sector automotriz mexicano no sólo en la parte económica, sino además en la pérdida de empleo”.

Por todo ello, dijo, “hoy solicitamos la reconsideración de esta decisión, que puede convertir a México en el patio (trasero) de Estados Unidos para desechar chatarra”, además de que muchos de esos vehículos se utilizan para acciones del crimen organizado en el país.

Y finalmente, Guillermo Rosales Zárate resaltó que ante esta situación, “la decisión de la AMDA y de sus asociaciones estatales “es hacer uso del sistema de protección de la justicia federal en contra de lo que consideramos afectaciones por el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se encuentra en marcha, mismo que tendrá que ser adaptado a la reforma que se hizo en el decreto del pasado 27 de febrero y sobre el cual no puedo dar mayores pormenores y detalles en cuanto a la argumentación jurídica, justo por tener limitantes hasta que no se desahoguen los procedimientos en el ámbito jurisdiccional (sic)”.