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Feb 12, 2026 Admin Más Industria 0
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales sin recorte salarial, con una implementación gradual entre 2026 y 2030 que beneficiaría a 13.5 millones de trabajadores.
El Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con una implementación gradual entre 2026 y 2030 y sin reducción salarial. (Fotografía: BMW)
La iniciativa plantea beneficiar a 13.5 millones de trabajadores y establece nuevas reglas para el pago de horas extra, en medio de un debate legislativo sobre su alcance y tiempos de aplicación. (Fotografía: Cortesía) Víctor Mayén
CIUDAD DE MÉXICO (12/02/2026).- El Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una medida que beneficiaría de forma directa a alrededor de 13.5 millones de personas trabajadoras en México.
La iniciativa, enviada al Congreso el 3 de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución y establece que la reducción se implementará de manera gradual entre 2026 y 2030, con el objetivo de evitar afectaciones abruptas a la economía y a los procesos productivos.
El dictamen señala que la transición progresiva se sustenta en experiencias internacionales como las de Chile, Colombia y Corea del Sur, donde la reducción de la jornada laboral no ha implicado una caída en la productividad. Uno de los principios centrales de la reforma es que la disminución de horas no conllevará reducción salarial, garantizando la preservación del ingreso de las y los trabajadores.
Asimismo, se redefinen las reglas del trabajo extraordinario para reforzar su carácter excepcional. Se establece un máximo de 12 horas extra por semana, distribuidas en no más de cuatro horas diarias y hasta en cuatro días dentro de la misma semana. Dichas horas deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario, mientras que las que excedan esos límites deberán remunerarse hasta con un 200%, como mecanismo para desalentar abusos.
Durante la discusión, las distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo laboral más justo, aunque algunas bancadas subrayaron la importancia de acompañar la reforma con políticas públicas que respalden a las micro, pequeñas y medianas empresas durante el periodo de transición.
Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, destacó que el artículo 123 ha sido resultado de la lucha obrera desde la Constitución de 1917 y afirmó que la implementación gradual permitirá una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos.
Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor,expresó.
Desde la oposición, la senadora del PRI Cristina Ruiz criticó la propuesta al señalar que la demanda social es una jornada de cinco días con dos de descanso, menos horas extra y mejor remuneradas, así como sanciones efectivas a empleadores incumplidos. “Cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más”, advirtió.
En una postura intermedia, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció el voto a favor de su bancada, aunque consideró que el dictamen es insuficiente al no garantizar constitucionalmente dos días de descanso ni aplicar plenamente la reforma antes de 2030.
Por su parte, el senador del PAN Marko Cortés adelantó el respaldo de su grupo parlamentario al considerar la reforma alineada con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque la calificó como una “justicia a medias” debido a que más del 50% de la población ocupada se encuentra en la informalidad y no se beneficiará de inmediato. También cuestionó la gradualidad hasta 2030 y la falta de estímulos fiscales para micro y pequeñas empresas.
El dictamen también endurece las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Se mantiene además el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días laborados con goce de salario íntegro.
En su exposición de motivos, el documento subraya que la reforma busca superar un esquema laboral vigente desde hace más de un siglo y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial sin que ello se refleje en mayor productividad ni en mejor calidad de vida. También advierte que el estrés laboral es un problema estructural de salud pública, respaldado por estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT que vinculan las jornadas prolongadas con mayores riesgos de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.
De acuerdo con estos datos, el 75% de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, lo que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática, y se estima que una cuarta parte de los infartos anuales está relacionada con factores laborales.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales sin recorte salarial, con una implementación gradual entre 2026 y 2030 que beneficiaría a 13.5 millones de trabajadores.
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