Comprarle 13 plantas a Iberdrola, mala decisión del gobierno: CEESP

Abr 10, 2023 admin Energía, Más Industria 0

Además de que representa una señal no propicia para la inversión porque implica presiones fiscales a futuro, el Estado usa recursos que pudieran ser destinados a potenciar el nearshoring y a otras prioridades nacionales, como seguridad pública, educación y salud, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En su opinión, la adquisición no es una “nacionalización típica” y asegura que la finalidad “es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.

Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva). Ello, en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización nearshoring.: CEESP. (Foto: Cortesía)

Redacción/Vanguardia Industrial

CIUDAD DE MÉXICO (10/04/2023).- Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la compra de las plantas generadoras de electricidad de Iberdrola por parte del gobierno “es una mala decisión” y “una mala señal para la inversión, (porque) implica presiones fiscales a futuro y usa recursos que serían mejor utilizados para generar las mejores condiciones a fin de aprovechar todo el potencial de la relocalización o nearshoring”.

A través de un “Análisis Económico Ejecutivo”, la institución privada discrepó de que la compra recientemente anunciada por el gobierno de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, sea una “nacionalización típica” y asegura que la finalidad “es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.

Afirmó el CEESP que dicha compra “no implica un aumento en la generación de electricidad”; al contrario, añade, “la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente”.

Cuestionó además el origen de los recursos para la compra -casi 6,000 millones de dólares- que provienen en principio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) porque

reduce la posición neta de activos financieros verdadera del sector público. Independientemente de que el Fonadin está fuera del presupuesto, son recursos públicos de todas formas y por ello tienen usos alternativos,

es decir, pueden ser destinados a prioridades evidentes como salud, educación y seguridad pública.

Anticipó que el gobierno u otras entidades podrían argumentar que dicha reducción de activos financieros netos se compensa con una adquisición de activos físicos (las plantas) y que, por ello bajo un criterio de contabilidad patrimonial, el efecto sería neutral en la deuda pública neta.

Sin embargo, replicó el CEESP, en México la contabilidad púbica es de flujos, no patrimonial y por ello la compra implica una deuda, aun cuando esté oculta mediante el uso de vehículos para ello.

Los puntos negativos

En su análisis, el CEESP resumió en tres los puntos controvertibles de esa compra por parte del Estado:

*Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola (sin ninguna prueba objetiva). Ello, en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización nearshoring.

*Si bien las generadoras son productivas y probablemente eficientes, su adquisición conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar. Y en México como en todo el mundo los gobiernos enfrentan problemas de falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes.

*En este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring. Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica.

Los argumentos

El Centro de Estudios confrontó los argumentos oficiales según los cuales la operación implica un proceso de nueva nacionalización y el aumento de la capacidad de generación de la CFE.

“Es importante tener en cuenta que en una nacionalización el Estado se convierte en propietario o controlador de bienes o actividades que pertenecían al sector privado. Evidentemente las condiciones de la operación no implican una nacionalización típica ya que la CFE solo será administradora de la operación de las plantas”.

Afirmó además que “para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización, hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmita y distribuya suficientemente a lo largo de todo el país”.

Pero en su opinión, “en este punto la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente. Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde el 2019. Por ello –insistió- sería preferible destinar los recursos públicos a otros aspectos “en lugar de utilizarlos para adquisiciones que no contribuyen a lo prioritario en este momento para el país”.

Sostuvo que aun cuando la compra de las plantas puede considerarse una inversión, el panorama es complicado por “la necesidad de mayores recursos públicos para mantener su operación, en el tiempo que pueden ser escasos ante la debilidad estructural de las fuentes de recursos del sector público”.