Entorno judicializado y retiro de nuevas inversiones hacen cuestionar capacidad de CFE

Ene 09, 2023 . Blogs 0

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En México, las ventajas indebidas otorgadas a las entidades públicas de la energía, así como la imposición de barreras de entrada a la competencia, han trastocado la eficacia de la liberalización de la energía a partir de la desregulación, y en consecuencia hay que empezar a revisar si la CFE tendrá la capacidad de atender la demanda agregada de electricidad derivada de la estabilización post-pandemia y del crecimiento de la economía estadunidense que prevé invertir 369 billones de dólares en impulsar la migración a la movilidad eléctrica y  la descentralización de la generación de electricidad, a través de paneles fotovoltaicos instalados para satisfacer las necesidades domésticas.

 CIUDAD DE MÉXICO (09/01/2023).- La materia energética –definida para nuestros propósitos como una actividad público-privada que se propone la suficiencia y seguridad en el suministro de petrolíferos y de electricidad para satisfacer, a precios asequibles, la demanda efectiva de insumos energéticos en el país— ha sufrido una serie de tensiones derivadas de una política energética propuesta e impulsada por esta administración con el propósito de fortalecer a los antiguos monopolios naturales de la energía –PEMEX y CFE— transitando a contrapelo de la tendencia mundial que se orienta, irreversiblemente, a la transición hacia una economía baja en carbono, para cuyo efecto utiliza la lógica del mercado en el contexto de una fuerte intervención regulatoria por parte del Estado.

No hay duda que la Reforma Energética iniciada en diciembre de 2013 con la modificación a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se propuso una transición energética ordenada, para lo cual debía recurrir a organizar la participación e inversión privada a través de mercados regulados, en el que el Estado desplegara una función regulatoria que permitiera el “piso parejo”  o level playing field, a través de órganos reguladores robustos que facilitaran esa actividad a partir de facultades excepcionales nunca antes vistas en nuestro sistema jurídico y que generaran la confianza de los inversionistas privados en los nuevos mercados de energía.

Cabe destacar que la reforma a los artículos 25, 27 y 28 del texto constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013. Aunque la parte sustantiva de ésta sólo contempló tres artículos, el Decreto promulgatorio contempló 21 Transitorios adicionales, cuya vigencia material aún es válida y debe tenerse en consideración para entender las inconsistencias que la actual política energética ha provocado a la regularidad del marco jurídico original.

Por otra parte es pertinente  señalar que a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos se les otorgaron facultades cuasi legislativas y cuasi jurisdiccionales, con lo que se rompió una lógica derivada de la división formal de poderes que era necesaria para desmantelar la inercia de los monopolios naturales de la energía, aun cuando la naturaleza de los órganos reguladores siempre ha sido objeto de análisis.

Una vez hechas esas dos puntualizaciones y retomando el asunto que nos ocupa, la transición energética ordenada –con participación e inversión privada bajo una regulación por parte del Estado—  ha quedado superada por diversas medidas de carácter administrativo y otras de carácter legislativo que, impulsadas por el régimen para fortalecer a las entidades públicas de la energía otorgándoles ventajas indebidas e imponiendo barreras de entrada a la competencia, han trastocado la eficacia de los postulados básicos de la política jurídica que les dio origen –liberalización de la energía a partir de la desregulación—, por lo que se ha judicializado el entorno y se han retirado las nuevas inversiones, especialmente en el campo de las energías limpias basados en la generación fotovoltaica y eólica, lo que ha traído como consecuencia empezar a revisar si la CFE tendrá la capacidad de atender la demanda agregada de electricidad derivada de la estabilización post-pandemia y del crecimiento de la economía estadunidense, a partir de la vigencia de su Ley para la Reducción de la Inflación, que supone la inversión de 369 billones de dólares –según la contabilidad norteamericana, no mexicana— en actividades de fomento a la migración a la movilidad eléctrica y a la descentralización de la generación de electricidad a través de paneles fotovoltaicos instalados para satisfacer las necesidades domésticas.

Por ello, esta columna, Energía en Movimiento, que aparecerá mensualmente en la página Internet de Vanguardia Industrial –www.vanguardia-ondustrial.net—, se propone revisar y dar cuenta de manera sistemática, de los acontecimientos e inflexiones relevantes que pueden incidir en el suministro energético del país, ya sean acontecimientos internacionales –como la guerra de Rusia y Ucrania que ha marcado la ruta para el incremento de los precios de los hidrocarburos y, por ende, de los petrolíferos, como la gasolina, diésel, gas LP, etcétera—, como nacionales, que estarían relacionados con la dinámica que adquiera o pueda adquirir la regulación nacional en función de la política energética del país y de las expresiones de ésta, derivadas de los valores estatalistas que la alientan, según la narrativa oficial al respecto.

Así, esta columna se propone:

1. I) Identificar las tendencias de la regulación energética en México y sus derivaciones en cuanto sean objeto de la posible interposición de medios de defensa o de la promoción de medios alternativos de solución de controversias;
2. II) Formular análisis comparativo de las tendencias globales sobre la transición energética y las prácticas y políticas adoptadas en México al respecto, con el propósito de caracterizar la eficacia de unas y de otras;

III) Describir el comportamiento de los fondos, carteras de crédito e incentivos económicos orientados globalmente a incidir en la adopción de medidas orientadas a la descarbonización de la economía;

1. IV) Revisar, describir y caracterizar las medidas que por su naturaleza y/o alcance puedan incidir en la lógica del suministro asequible de energía;
2. V) Identificar y describir la posible dinámica de las medidas regulatorias adoptadas en México, a efecto de plantear posibles escenarios.

Desde luego, este esfuerzo editorial no sería posible sin el apoyo decidido de Vanguardia Industrial y, en especial de su directora general, Silvia Ortiz Ruiz, quien, con sensibilidad acerca de los grandes tópicos que inciden en la dinámica de la manufactura y de la economía, ha promovido la inserción de esta columna Energía en Movimiento, en este medio de comunicación especializado en manufactura, con lo cual hace una aportación editorial relevante en los temas de interés de la industria nacional.

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• capacidad, CFE, descentralización, electricidad, energía, Inversiones, Movilidad Eléctrica, Pemex, Sergio Ampudia

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