Hay presupuesto suficiente para garantizar la reforma laboral: Luisa María Alcalde

Nov 12, 2019 admin Gestión y Mejora Continua, Más Industria 1

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Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, niega que la intención del gobierno sea intervenir en la vida interna de los sindicatos; el propósito es transformar a las Juntas de Conciliación en tribunales de juicios ágiles y orales y fortalecer la democracia sindical.

Por: Guadalupe Cadena

CIUDAD DE MÉXICO (12/11/2019).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que la aplicación de la reforma en materia de justicia laboral tendrá presupuesto suficiente para el siguiente año, de modo que continuará adelante el proceso de transformación de las Juntas de Conciliación en tribunales del trabajo, así como la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será el organismo a donde se depositarán los contratos colectivos de trabajo.

“Se necesita presupuesto para instalar los tribunales federales, el Centro de Conciliación y Registro y ya iniciamos la capacitación (…), hay presupuesto suficiente para garantizar la reforma en la primera etapa y en las siguientes etapas”, aseguró en breve entrevista Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, tras participar en el Foro de Capacitación sobre el Nuevo Modelo Laboral para las Áreas de Recursos Humanos y Laborales, que se realizó en la Escuela Libre de Derecho.

El gobierno federal envió en su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2020 un monto de aproximadamente 500 millones de pesos (mdp) para la aplicación de la reforma de justicia laboral, cantidad que al ser considerada como insuficiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ampliarla a 1,350 mdp. El Congreso de la Unión todavía se encuentra en proceso de discutir el Presupuesto de Egresos antes de su aprobación final a mediados de este mes.

Ante la polémica que ha causado el componente de la reforma laboral sobre democracia sindical, Luisa María Alcalde también garantizó que el gobierno federal no pretende intervenir en la vida interna de los organismos sindicales y que por lo tanto trabajadores y empresas no deben temer.

A nosotros no nos toca ver quién sí o quién no, a quién se fortalece y a quién se debilita. Le toca a los trabajadores decidir quién los representa”, aseguró la secretaria del Trabajo. Sin embargo, aclaró que de ahora en adelante las reglas van a cambiar, porque los trabajadores elegirán a sus sindicatos y a sus dirigentes “a través de procesos, padrones confiables, lugares neutrales, urnas, voto secreto, de tal forma que la gente no se vea presionada.

Por sus alcances, la funcionaria federal hizo ver que la reforma sobre justicia laboral ―que también prevé la realización de juicios más ágiles y de manera oral― constituye una transformación de gran calado, que se impulsará en tres etapas en todo el país.  La primera, que comenzará el 1 de octubre de 2020, implicará a 10 entidades federativas; la segunda etapa, que será en 2021, incorporará a otros 11 estados y, en la tercera fase a efectuarse en 2022, se agregarán el resto de las entidades federativas.

Compromisos internacionales

La primera etapa abarcará a los estados de Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y tentativamente Colima, quienes tendrán que avanzar en la instalación de los tribunales del trabajo locales y federales, así como en la conformación del Centro de Conciliación y Registro Laboral local. En paralelo tendrá que avanzar la operación del referido Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, que también podrá verificar el procedimiento de elección de dirigencias sindicales a solicitud de los mismos sindicatos.

En su ponencia ante estudiantes universitarios y abogados laboralistas, Luisa María Alcalde recordó que la reforma de justicia laboral atiende a las inquietudes de trabajadores y empresas, en contra de las prácticas de simulación como los contratos colectivos de protección patronal ―aquellos firmados sin conocimiento de los trabajadores―, así como de la corrupción en las organizaciones gremiales.

Pero también responde a los compromisos asumidos por México a nivel internacional y que consiste en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ―sobre derecho a la sindicalización y la negociación colectiva― y el Anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acerca de la representación de los trabajadores en la contratación colectiva.

El Anexo 23-A fue “una solicitud de Estados Unidos y Canadá a México para modificar su modelo laboral, en aras de mejorar los salarios y las condiciones laborales”, debido a que esos países consideraron que la situación de México en esos aspectos implicaba una “competencia desleal”, explicó Luisa María Alcalde.

En el Foro de Capacitación, el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, informó que la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya fue aprobada por los diputados el 29 de octubre y que se encuentra a discusión en el Senado de la República. Una vez que se cuente con el visto bueno de la Cámara alta, lo que sigue es la designación del titular.

El Centro Federal es un organismo público con autonomía de gestión, decisión y operación, cuyo titular surgirá de una terna de candidatos que presentará el presidente de la República ante el Senado. El titular tendrá que ser electo por dos terceras partes del Senado, esto es con mayoría calificada, y tendrá que responder a un perfil profesional que garantice imparcialidad,

 comentó Domínguez Marrufo sobre lo que sigue para la creación de la nueva institución del trabajo.

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• junta de conciliación y arbitraje, Luisa María Alcalde, Reforma laboral

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