IP y gobierno enfrentados por cancelación de planta cervecera en Mexicali

Mar 26, 2020 Silvia Ortiz Ruiz Before In Time, Blogs 2

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Por un lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que en este proyecto – cuya inversión es de 1,400 millones de dólares—hay “corrupción” e “influyentismo” y por el otro, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, denuncia que la consulta pública por la que se canceló este proyecto está amañada y plagada de irregularidades, situación que evidencia, dice, la falta del estado de derecho en México, lo que pone en riesgo a las inversiones.

CIUDAD DE MÉXICO (25/03/2020).- Desde enero de 2019, fecha en que fue electo como Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín se había mantenido en una postura de cercanía y de buena relación con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y con Alfonso Romo, asesor de la Presidencia, éste último su amigo de juventud. De hecho, en diversas ocasiones López Obrador presumió que se entendía muy bien con el empresario regiomontano y  fue más allá: “Como una bendición llegó Carlos Salazar Lomelín a la presidencia del CCE”, dijo en un evento público el pasado junio, en presencia del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

Sin embargo, esta mañana la “luna de miel” entre el empresario y el Ejecutivo Federal se acabó, aunque ambos lo niegan. “Nosotros no hemos roto con la autoridad, jamás vamos a romper con la autoridad, nosotros sí tenemos firmeza respecto a nuestros argumentos. Creemos que son los adecuados y los correctos. Lo único que buscamos es que le vaya bien a México y hemos hecho todo lo posible. Son ustedes testigos: en todos los momentos hemos apoyado al gobierno, hemos tratado estar cerca de él, hemos tratado de arreglar problemas que se estaban presentando en nuestro país, hemos tratado por todos lados, estar de acuerdo con el presidente porque sabemos que representa los intereses de todos los mexicanos”, aseguró Salazar Lomelín.

Por su parte el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo horas antes que mantiene una buena relación con Carlos Salazar Lomelín, pero no reparó en asegurar que hay corrupción e influyentismo en la construcción de la planta cervecera. 

La manzana de la discordia es la Consulta Pública, realizada el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California, con la que se pondrá fin a la construcción, en la zona norte del Valle de Mexicali, de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, la cual lleva invertidos, hasta el momento, 900 de los 1,400 millones de dólares que invertiría en total en esta factoría que quedaría terminada en 2021 y que cuenta con los permisos de las instancias locales y federales  encargadas de dar luz verde a la construcción de este tipo de proyectos.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la única dependencia que no otorgó su aval, respaldada por los resultados de la Consulta Pública, en la que 27,973 de 36,781 participantes votaron en contra de la planta; en contraste 8,547 personas dijeron estar de acuerdo. El rechazo al proyecto que inició en 2016, es porque los pobladores de la región aseguran que la cervecera los dejará sin agua, ya que, dicen que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la empresa se utilizarán 20 millones de metros cúbicos de agua al año en su máxima capacidad.

Constellation Brands cuyo presidente es Daniel Baima, es de origen estadounidense y cuenta con operaciones en México, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.  Es la tercera empresa más grande en Estados Unidos como productora y distribuidora de las marcas Corona, Modelo y Pacífico.

“El sostén de este argumento de que se iba a quitar el agua para beber a los ciudadanos de Mexicali es totalmente equivocado. Esta planta iba a consumir solamente el 0.2% de las necesidades de la oferta de agua que hay en la cuenca hídrica de Mexicali. Y la compañía se había comprometido a tratar el agua que utilizara y regresarla al medio ambiente, regresarla de nuevo para otros usos, como podría ser el uso agrícola. Conozco la zona, al lado de Mexicali hay un gran valle donde antes se producía algodón y por eso se llama el valle de algodones, un valle muy fértil.

Los usos agrícolas del agua en la zona son el 70% del total de agua que se consume. Este 0.2 (%) se iba a regresar para que el consumo agrícola tuviera suficiente abasto para sus propias necesidades, era totalmente neutral desde el punto de vista hídrico, de tal manera que todos estos argumentos avalan el por qué nosotros creemos que es una mala decisión,

 explica el líder de los empresarios de México, mientras que horas antes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que detrás de los permisos de este  proyecto existe corrupción e influyentismo. “Claro que sí (hubo corrupción), influyentismo. Nada más es cuestión de pensar: ¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua, en donde hay escasez de agua?”, asentó y descartó que la cancelación del proyecto afecte la llegada de más inversiones al país.

“ (…)  Si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico Estado de Derecho”, refirió. Esta visión no la comparten los empresarios, su postura es todo lo contrario.

La decisión del Gobierno Federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa  para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo, de que las reglas democráticas no se respetan en México,

 dijo Carlos Salazar Lomelín.

Reiteró que en el caso de Mexicali, unos días antes de que se hiciera “la famosa encuesta”,  la autoridad había hecho un acuerdo “que deberían firmar todos los que tienen que ver con la decisión que se estaba tomando en Mexicali”.

El acuerdo, que se hizo ante la Secretaría de Gobernación, establece el compromiso de la empresa de regresar el agua, “un acuerdo en donde la autoridad le permitía a la compañía continuar con sus actividades de una manera normal y un acuerdo en donde todas las instancias legales necesitaban tener  un compromiso. Y la única instancia que no firmó fue la Secretaría de Medio Ambiente federal, la cual promovió la Consulta Pública, en donde sólo participó una pequeñísima parte de la población, porque no se debió haber realizado en un momento en que la autoridad sanitaria del país nos estaba diciendo que nos quedáramos en nuestras casas. Entonces era una incongruencia: Quédate en tu casa y al mismo tiempo sal a votar para ver si quieres o no la famosa fábrica de Mexicali. Los empresarios hemos levantado la voz no solamente por el caso de Mexicali, y no solamente porque nos ocupe y nos preocupe la vida que puede tener una sola unidad o un solo agente económico, que para eso estamos, para defender a todos, pero aquí lo más importante es que se están soslayando los derechos de un ciudadano y que estamos enviando un mensaje equivocado a todo aquél que confía en nuestro país para arriesgar su capital, para arriesgar sus inversiones, para de alguna manera crear valor agregado.

Esa es nuestra preocupación de fondo. No podemos seguir tomando decisiones en México en función de grupos, quizá movilizados fuera de las reglas de la democracia, sin la estructura y las fórmulas que ya están definidas (…) Aquí en una pequeñísima encuesta paras y decides qué es lo más conveniente para una ciudadanía. Nos parece un error y nos parece un error inadecuado de las reglas de la democracia”, insistió Salazar Lomelín, secundado por Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien aseguró de forma contundente, que el proyecto es viable y no contraviene las leyes ambientales, pues “la operación planeada de la empresa, de ninguna forma compromete la viabilidad hídrica del Valle de Mexicali; en segundo lugar la consulta es un acto claramente ilegal, desde hace dos años los tribunales federales (…) emitieron resoluciones que determinan que el plebiscito que solicitaban los grupos radicales era absolutamente ilegal, que un plebiscito no podía afectar una inversión privada, es un tema de orden público. Esta consulta, que de ninguna manera se puede considerar representativa, se hace después de que los tribunales federales habían determinado que era ilegal, con base en la legislación de participación ciudadana del estado de Baja California”.

Carlos Salazar, además, acusó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, de llamarlos “el verdadero virus que depreda al medio ambiente y que tiene que ser combatido, sobre todo a las empresas más grandes del país” y lo llamó a rectificar sus palabras, porque dijo: “Si tiene algo que denunciar, que lo denuncie; si tiene algún empresario que de alguna manera está haciendo uso equivocado de los recursos naturales, que lo denuncie; pero que no detenga la marcha y el crecimiento y el valor agregado de todos aquellos que tenemos que subsistir y tenemos que vivir. Nosotros no vivimos de un sueldo que nos paga el estado, vivimos de nuestro trabajo diario y a través de ese trabajo diario generamos los impuestos que por otro lado, sostienen a todo el aparato productivo, así que hacemos un llamado respetuoso al secretario: que sus opiniones como activista del medio ambiente las deje como activista, pero que por ningún motivo las maneje en su responsabilidad como secretario,  porque esperamos de él, que cuide el medio ambiente y los recursos naturales, que cuide todos recursos que los mexicanos requerimos, pero que no utilice este tipo de argumentos para detener la marcha y el desarrollo económico de las diferentes comunidades”.

Es claro, que con este asunto habrá un distanciamiento entre la Iniciativa Privada y el gobierno federal, aunque existen aún posibilidades de que el Ejecutivo Federal recule y permita a la empresa cervecera seguir adelante con la construcción de su planta –que hasta el momento lleva un 60% de avance—, con la que se prevé la creación de más de 500 empleos. López Obrador informó que se reunirá en los próximos días con los directivos de la empresa que considera demandar al gobierno para que se le indemnice.

Antes de 2013, Constellation Brands que  actualmente tiene operaciones en Ciudad Obregón, sólo importaba y distribuía la cerveza de origen mexicano en el mercado estadounidense, y en ese año adquirió los derechos de producción para Estados Unidos como parte de un acuerdo con la empresa Anheuser-Busch InBev, la cual adquirió la totalidad de la firma mexicana Grupo Modelo.

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• Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salzar Lomelín, CCE, Conagua, Constellation Brands, desabasto, permisos, recurso hídrico, Semarnat

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