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Feb 09, 2022 . Blogs Comentarios desactivados en Reactivación económica, un “costal” de buenas voluntades
El Plan de Reactivación Económica –presentado el pasado 3 de febrero por la Secretaría de Economía— que anuncia la detonación de la economía circular fracasará inevitablemente si no se aplica la Industria 4.0, que requiere de energías limpias, además de que no tendrá el efecto promisorio que se pretende si el estímulo a la inversión no va acompañado de una verdadera reforma fiscal, de una real y efectiva simplificación administrativa que nunca, ningún gobierno de ninguna orientación política, ha logrado “cuajar”, sin contar con el necesario entendimiento entre el gobierno y la IP.
CIUDAD DE MÉXICO (09/02/2022).- Como todo plan gubernamental, el actual para la reactivación económica, presentado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, contiene muchas expectativas –preñado de perspectivas de altísima certidumbre, se diría, con afanes engañabobos, en el pasado reciente—, proyecta la reconciliación y la conciliación con los sectores productivos, ofrece apertura, apoyos y modernización en los nuevos escenarios de la transformación y venta de los productos… se muestra, en fin, como un “costal” de buenas voluntades oficiales que sólo serán confirmadas cuando estén aterrizadas.
El modelo exhibido por la funcionaria el 3 de febrero y urgido por el deterioro económico en la actual atemorizante etapa de pandemia, advierte que adopta propuestas que hizo la iniciativa privada en su diseño. No todas, claro está, pero se trata de inclusión, al fin y al cabo. Ofrece también innovación y diversificación… pero también aviva dudas.
Cifra en la modernización de los procesos productivos y de servicios el fortalecimiento del mercado interno, con su esperada oferta en la creación de empleos, lo que implica adecuarse a los ritmos del escenario mundial cada vez con mayores aspiraciones de economías limpias.
Pero –siempre he dicho que los “peros” en este país son anticipo de “algo” con sabor amargo— la burocracia nacional históricamente está tentada a maquillar con términos de rica elocuencia los procesos engañosos que al final, en no pocas ocasiones, han resultado caricatura.
Recuerdo, por reflejar de algún modo un episodio de extravagancia política, cuando en el apogeo de su proyección hacia la candidatura presidencial –dolorosamente fallida para su causa y la de muchos arribistas de entonces—, el regente Manuel Camacho Solís desdoblaba por intermedio de un integrante de la naciente Asamblea de Representantes del Distrito Federal, un plan infalible para modernizar el transporte público exclusivamente en el Centro Histórico de la capital del país, y que se extendería a toda la ciudad con sus planeados beneficios ecológicos, modernistas y de movilidad eficaz.
De ese plan nacieron…los bicitaxis. Simultáneamente, la magia gubernamental fue desapareciendo las Combi’s “peseras” y el gobierno patrocinó el alumbramiento de los “microbuses”.
A la distancia, el efecto de esos planes ha sido más que pernicioso por su esencia de control político y sus propósitos recaudatorios y de toda índole, menos modernista ni de promoción del empleo seguro y bien remunerado. Sin embargo, no se pudo negar, estimuló la reactivación económica y animó la inversión en los sectores secundario y terciario, principalmente para quienes patrocinaban o eran incitados a patrocinar carreras políticas de alto engranaje.
Lo cierto es que ni la clase política de entonces ni la élite empresarial durante aquel salinismo desbocado son semejantes a las actuales, o al menos están diferenciadas por nuevos actores y otras consideraciones sociales. Pero en el entendido de que ninguna renuncia a su condición, es que cada cual buscará escenarios para acomodarse a las circunstancias. Los inversionistas y empresarios, en la búsqueda de mejores dividendos o utilidades, y la administración pública, en su aparente obligación de facilitar las herramientas para impulsar el crecimiento económico, con sus secuelas en el terreno social.
Es así que modernizar es el deber. Y modernizar de a de veras.
Porque llevar a la actualidad aquella simpleza de la experiencia de bicitaxis y peseras, por ejemplo en la detonación de la llamada industria circular como lo anuncia el Plan de Reactivación Económica, es un retroceso de inevitable fracaso si no se acompaña con el alarde de la exigente y moderna Industria 4.0 que amerita, en el caso del material de reciclaje, la autorización y adopción de tecnología de punta en su rescate y transformación.
El país se estaría colocando deliberadamente en la cola del progreso industrial si la pretendida modernidad queda en un mero plan burocrático. Sería para México, sin dudar, que la cuarta etapa de la revolución industrial –que casualmente se topa de frente con otra Cuarta Transformación, la que sostiene la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador— le quede holgada y lo mantenga en el atraso.
Pero tampoco se puede modernizar el aparato productivo y de negocios si no se moderniza el aparato gubernamental. Aquel, a través de sus tareas de idear, producir e inundar los mercados con más y mejores métodos y productos; éste, con ampliar las expectativas para acceder a los mercados de consumo con más certidumbre para la inversión; procurar flexibilizar las leyes rigoristas que atentan contra la competencia sana y la inversión segura; garantizar, sin la estridencia política con que se suelen acompañar procesos electorales en puerta, la armonía de la inversión privada local con la foránea.
Estigmatizar desde las esferas del poder administrativo a los capitales privados sólo por ser privados, ha ensanchado la brecha del encono y ahuyenta el entendimiento entre ambos sectores. Cierto es que existieron y existen conductas muy cuestionables de entidades empresariales en torno a sus obligaciones fiscales y de respeto a la competencia. Sin duda, éstas prevalecen por la protección gubernamental de la que alguna vez gozaron y que están empeñadas en continuar detentando, pero es razonable que a éstas, como se dice popularmente, se les debe “cocinar” aparte. Es prudente, si es real el interés de todas las partes por fortalecer la economía. De lo contrario, se estaría alimentando al fantasma del caos. Explícitamente, el Plan de Reactivación Económica no lo sugiere literalmente, pero es evidente la búsqueda de la conciliación con los sectores productivos, lo que, en rigor, es su responsabilidad.
Puesto en la mesa el plan, el sector privado argumentará sus intereses para asegurar su inversión y ganancia. Mientras, la estrategia gubernamental, que se agrega a la planeada en 2021, significa llanamente una respuesta a la emergencia sanitaria, dedicando a cada sector su apartado de participación y utilidad. Los entes de la transformación y el comercio, incluido el patronal, las pequeñas y medianas empresas, están incluidos, como debe ser, en el entramado para la pretendida reactivación económica.
Todas las partes tendrán que advertir que no se obtendrá el efecto promisorio que se pretende si el estímulo a la inversión no va acompañado de una verdadera reforma fiscal, de una real y efectiva simplificación administrativa que nunca, ningún gobierno de ninguna orientación política, ha logrado “cuajar”, en el entendido de que es precisamente en el “enjambre” burocrático donde la élite gubernamental se ha asegurado ingresos ilegales y corruptos, y del que, es también cierto, se nutren algunos entes privados, por separado o por igual, en una mezcla fatal para la economía y la sana competencia empresarial.
Nada, se supone, pasaría desapercibido en el Plan de Reactivación Económica de la secretaria Clouthier. Algún aspecto no previsto que salte al escenario sin aviso tendrá que ser atendido con oportunidad y estrategia.
Porque, ¿en qué parte del propósito gubernamental está considerado el combate genuino y efectivo al contrabando y a la piratería, de donde se sustenta el comercio informal con mercancía a precios difíciles de igualar por su ínfima calidad?
El daño que produce a la inversión nacional, ya sea en proyectos productivos o de venta, no es menor: el cálculo de lo que tan sólo representa la piratería anualmente es de 43,000 millones de pesos.
Deben alentar, en cambio, las cifras salidas del sector primario en el pasado reciente y que reportan un crecimiento del 2.7%, incluidas las actividades agropecuarias y de pesca.
En tanto, el gobierno federal y el sector privado podrán compartir o no la veracidad de las cifras, pero el primer trimestre del año 2021 puede ser un referente importante como para repetir la experiencia: la inversión pública y privada en maquinaria, equipo y construcción fue equivalente al 19.4% del Producto Interno Bruto nacional. Para mayor claridad: 88% fue privada y 12%, pública.
La importancia que reviste el papel de la industria en esta estrategia económica es vital, fundamental, sin duda. Tanto, que será el próximo mes cuando la secretaria Clouthier presente el Plan Industrial y que, se espera, deberá estar dotado de nuevas herramientas para el crecimiento sostenido del sector.
El tema de la inversión foránea (Inversión Extranjera Directa) atraviesa por un momento de controversia, producto de ciertas reformas en la relación de negocios con empresas paraestatales, particularmente en materia energética. La animadversión entre inversionistas extranjeros y la administración pública federal ha hurgado en la relación con la inversión nacional y la ha deteriorado.
Sin embargo, es factible que la madurez se imponga y sea posible corregir lo que el tiempo y la herencia “negra” de administraciones sin escrúpulos, produjeron.
El Plan de Reactivación Económica –presentado el pasado 3 de febrero por la Secretaría de Economía— que anuncia la detonación de la economía circular fracasará inevitablemente si no se aplica la Industria 4.0, que requiere de energías limpias, además de que no tendrá el efecto promisorio que se pretende si el estímulo a la inversión no va acompañado de una verdadera reforma fiscal, de una real y efectiva simplificación administrativa que nunca, ningún gobierno de ninguna orientación política, ha logrado “cuajar”, sin contar con el necesario entendimiento entre el gobierno y la IP.
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