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Ago 11, 2021 admin Automotriz, Más Industria 0
Su titular, Guillermo Rosales, reaccionó así al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de legalizar los autos “chocolate”, mientras que el director general de la AMIA, Fausto Cuevas destacó que cumplir lo dicho por el Ejecutivo Federal “sería legalizar lo ilegal”.
Blanca Soria
CIUDAD DE MÉXICO (09/08/2021).- El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, consideró desafortunado que titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, vaya a regularizar los autos usados estadunidenses introducidos en territorio mexicano de forma ilegal –como lo declaró el propio jefe del Poder Ejecutivo unas horas antes en su habitual conferencia de prensa matutina—, y en contraparte afirmó que el tema debe ser tratado igual que el de las armas, en el que el pasado miércoles 4 de agosto, el gobierno de México interpuso en una corte de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilegal de armas en ese país, a fin de que las empresas fabricantes de armas se hagan responsables del problema en su país con el objetivo de prevenir el tráfico de armas a México. Por su parte, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, consideró que llevar a cabo esta acción “sería legalizar lo ilegal”.
A pesar de que López Obrador destacó sobre el tema de la regularización de los autos “chuecos” o “chocolate”, que “lo estamos analizando”, afirmó que “ya hice el compromiso en Tijuana. Habrá regularización de estos carros porque son dos cosas: primero la seguridad. Si no se tiene un registro, estos carros se utilizan para cometer delitos. Y lo segundo: hay mucha gente que no le alcanza para tener un carro nuevo de agencia y con estos carros se mueven. Es un medio necesario”.
López Obrador dijo además que “vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecte a las agencias, pero sí habrá plan de regularización. Se realizará antes de que concluya el año. Vamos a empezar el siguiente mes en Baja California y será en toda la frontera”.
Antes de dar la referencia textual de lo dicho por el mandatario federal, Rosales Zárate destacó la falta de respuesta por parte de la Presidencia de la República a la petición de los representantes de la industria automotriz nacional para llevar a cabo una reunión con el fin de plantear a la autoridad federal sus motivos para oponerse a la regularización del contrabando de autos usados provenientes de Estados Unidos.
Políticas públicas en contra de la movilidad y seguridad
En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los datos duros de la industria automotriz en México, el titular de la AMDA lamentó la postura presidencial sobre los autos de procedencia ilegal estadunidense en el país.
Desafortunadamente, el presidente insiste en implementar una política pública contraria a lo que está comprobado que debe de ser el eje de la movilidad y el eje de la seguridad pública. La carencia de adecuados medios de transporte en las ciudades de Tijuana y en general en todo el país y en toda la región fronteriza, deriva del abandono y de la ausencia de políticas públicas para favorecer el transporte público masivo de personas.
Calificó de “increíble” el hecho de que al paso de tantos años y con “la pujanza económica” que existe en la frontera, “ por ejemplo de Tijuana, se siga contando con un sistemas de transporte publico inconexo, desordenado, fincado la mayor parte de las veces en autobuses chatarras, contaminantes, ‘vanes’ igualmente importadas de desechos desde Estados Unidos, muchas de ellas también ilegales, que no han llevado durante todo este tiempo a la presentación de un plan de infraestructura que resuelva de fondo el problema de la movilidad”.
Al desestimar el argumento de movilidad de López Obrador para legalizar los autos usados estadunidenses introducidos de manera ilegal a México, el directivo afirmó: “Pretender resolver las carencias de movilidad con el uso del transporte privado, eso no tiene vigencia en ningún país del mundo, mucho menos hacerlo con transporte privado que procede del desecho del país vecino”.
Con base en un reporte de la Organización de Naciones Unidas que “refiere el problema a nivel mundial de la trasferencia de basura automotriz de los países desarrollados hacia los países con instituciones laxas que permiten la llegada a sus territorios, de la basura automotriz”, Rosales Zárate señaló que esta transferencia de basura automotriz “tiene impactos en materia ambiental, también los costos que también provoca el manejo de los desechos producto de los vehículos en abandono, más la afectación a la seguridad de los conductores, de los usuarios de estos vehículos, más las personas que se topan con ellos”.
Por todo ello, “es muy claro el referir la corresponsabilidad de los países exportadores de basura automotriz”, asentó y aseveró que bajo ese razonamiento y por el perjuicio que se causa a México, el problema de los autos usados ilegales en México procedencia estadunidense debe tratarse de la misma manera que el del tráfico ilegal de armas en territorio mexicano, originarias de Estados Unidos.
Debe haber “el espacio para que desde la Cancillería, desde la Presidencia, se haga un planteamiento al gobierno de Estados Unidos, similar al que la semana pasada se dio a conocer, (…) un juicio entablado por el gobierno de México (en territorio estadunidense) en contra de los exportadores de armas” que con ello favorecen “a las bandas criminales que causan perjuicio a México”.
Así, consideró que al igual que el tráfico ilegal de armas, hay una delincuencia organizada en el contrabando de autos usados procedentes de Estados Unidos: “estamos hablando de un caso similar. Y lo digo con todo conocimiento y responsabilidad. En el caso de la introducción de vehículos de contrabando a México, (que no a sólo vehículos ligeros sino también a unidades pesadas) hay una acción concertada entre las grandes subastadoras de vehículos basura en Estados Unidos, quienes los adquieren para introducirlos en calidad de contrabando a México y, por supuesto, de funcionarios corruptos que lo permiten, que lo toleran o que participan dentro de este negocio”.
Explicó que “esto también va en contra de los elementos que refiere el presidente de la República para justificar su pretensión de regularizar el contrabando. La seguridad. Los vehículos de contrabando no son utilizados para cometer delitos porque en sí mismos tengan esa capacidad. Son utilizados para cometer delitos porque hay un marco gubernamental incapaz de prevenir y de combatir el delito”.
Y más: “La utilización de los vehículos de contrabando es en sí misma un delito, más allá de que se usen o no para la comisión de otro tipo de delitos. Y quienes se benefician de este negocio son bandas criminales”.
Como prueba, refirió: “Ahí están las manifestaciones públicas hechas por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, donde así los califica. Por ende, el (hecho de) que se pretenda regularizar la calidad (tipificación) de contrabando que en este momento tienen dichos vehículos, directamente representa un beneficio para estas bandas criminales que están incrementando su negocio, (…) con la introducción de, cada vez un número mayor, de vehículos de contrabando a la frontera, los cuales, como hoy lo ratifica el presidente (López Obrador) serán sujeto de un beneficio que su gobierno manifiesta la disposición para otorgarlo”. Y advirtió: “Por el bien de todos, no a la legalización del contrabando”.
Al respecto, el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, respaldó la postura de la AMDA: Coincidimos con esta postura sobre la posible regularización de los vehículos que han sido internados ilegalmente al país. Esto sería legalizar lo ilegal” y recordó que ya existe “la forma de importar vehículos al país, que es el decreto que ha sido prorrogado, cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 2024 y esa es la vía.
Cuevas abundó: “Es decir, no necesitamos esquemas de regularización distintos, cuando ya hay un procedimiento que permite la importación de este tipo de vehículos. Por lo tanto, coincidimos con la postura de la AMDA”.
Su titular, Guillermo Rosales, reaccionó así al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de legalizar los autos “chocolate”, mientras que el director general de la AMIA, Fausto Cuevas destacó que cumplir lo dicho por el Ejecutivo Federal “sería legalizar lo ilegal”.
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