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Mar 24, 2026 Admin Logística y transporte, Más Industria 0
Operadores portuarios buscan condicionar el ingreso mediante un curso obligatorio de seguridad con costo, medida que carece de respaldo legal según la autoridad y ha generado rechazo de transportistas y agentes del sector.
Transportistas y agentes aduanales en el Puerto de Manzanillo ante la posible imposición de un curso obligatorio para ingresar a terminales. (Fotografía: Gobierno de México)
La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo reiteró que no existe fundamento legal para condicionar el acceso al recinto portuario. (Fotografía: Cortesía) Silvia Ortiz
MANZANILLO, Colima (24/03/2026).- Una nueva controversia sacude al Puerto de Manzanillo luego de que terminales privadas impulsaran un cobro indirecto para el acceso a sus patios, lo que en la práctica condicionaría la entrada de usuarios clave de la cadena logística, incluidos transportistas y agentes aduanales.
La medida es promovida por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo, presidida por José Antonio Contreras, quien planteó como requisito la acreditación de un curso obligatorio de seguridad portuaria.
Dicho curso, basado en el Código PBIP, contempla 15 horas de capacitación, un costo de 700 pesos por persona y vigencia anual. Con un universo estimado de 36,750 usuarios, el esquema podría generar ingresos superiores a 25.7 millones de pesos al año.
Sin embargo, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, encabezada por el vicealmirante José Ignacio Moreno, aclaró que la regulación del acceso al recinto es una atribución exclusiva de la autoridad portuaria. Desde febrero, la dependencia advirtió que no existe disposición oficial que obligue a tomar dicho curso, lo que debilita el sustento jurídico de la iniciativa.
Pese a ello, ASTOM mantiene su intención de condicionar el acceso a las terminales al cumplimiento de la capacitación, lo que ha generado un rechazo generalizado en el sector. Organizaciones como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros han cuestionado la imposición, el cobro y la falta de respaldo legal.
Ante la presión, la entrada en vigor del requisito fue diferida del 1 de marzo al 1 de abril. No obstante, la tensión aumentó tras el rompimiento del diálogo con la Comunidad Portuaria de Manzanillo, que agrupa a usuarios y autoridades del puerto.
El desacuerdo también ha dividido a las propias terminales. Algunas han notificado a sus clientes que no aplicarán la medida, mientras que empresas como Contecon Manzanillo y Hazesa, vinculada a Raúl Sandoval, se mantienen entre las principales impulsoras.
En un intento por reducir la presión, ASTOM anunció que el curso será gratuito durante tres meses en su plataforma digital; sin embargo, mantuvo su obligatoriedad a partir del 1 de abril. Además, estableció diferencias en la certificación: quienes paguen recibirán un formato DC-3 avalado por la autoridad laboral, mientras que quienes lo tomen sin costo obtendrán una constancia interna válida solo en terminales afiliadas.
Las organizaciones del sector advierten que esta medida podría sentar un precedente indebido en el sistema portuario nacional, al institucionalizar cobros sin base legal. Por ello, han solicitado la intervención de la Secretaría de Marina, a través de la Subsecretaría de Puertos, para garantizar certidumbre jurídica y operativa en el principal puerto comercial del país.
Operadores portuarios buscan condicionar el ingreso mediante un curso obligatorio de seguridad con costo, medida que carece de respaldo legal según la autoridad y ha generado rechazo de transportistas y agentes del sector.
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