Gobernador de BC quiere legalizar autos “chuecos”

Feb 26, 2020 admin Automotriz, Más Industria 0

Las principales asociaciones que representan a este sector, AMDA, AMIA, INA y ANPACT hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que defienda el estado de derecho y evite que el Congreso del Estado apruebe este miércoles la creación del Instituto Regularizador de Vehículos “Chuecos”.

Este miércoles el Congreso local “pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación”, denuncia el sector automotriz. (Foto: El Universal)

Por: Redacción/Vanguardia Industrial

CIUDAD DE MÉXICO (26/02/2020).- A unas horas de que el Congreso del Estado apruebe la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”, la cual fue enviada a este órgano legislativo el pasado 30 de diciembre de 2019 por el propio gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, las principales organizaciones que representan al sector automotriz como la AMDA, ANPAC, AMIA e INA acusaron al mandatario local de querer legalizar el contrabando de vehículos ilegales en el estado.

Y destacaron que dicha iniciativa de ley contraviene el marco jurídico federal,

por lo que crear un instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país,

expuso el sector en un comunicado de prensa conjunto.

Detallaron que este miércoles el Congreso local “pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación.

“El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques”.

El comunicado detalla que la creación de un instituto como el planteado “iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país”.

Un perverso incentivo a la impunidad

Insistieron en que si se aprueba la citada iniciativa de ley se estaría instaurando la oficialización de un “perverso incentivo a la impunidad”,

por lo que hicieron un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para que frenen la aprobación de esta ley y se haga respetar el Estado de Derecho de México, de la misma forma “se cumplan los acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales, por lo siguiente:

“Viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

“Baja California al amparo del convenio de colaboración sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando.

El ejecutivo, dice el comunicado, debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa en comento serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

ANTECEDENTES

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten.