La AIMX propone una reforma breve a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Nov 09, 2026 Hugo Salvatierra Economía, Más Industria 0

La AIMX respaldó el objetivo de la disposición, pero dejó claro que es necesario incluir temas relacionados con capacitación y concientización, fraudes, conectividad, inclusión con aplicaciones de gama baja, privacidad, seguridad y rendición de cuentas.

La digitalización de los pagos requiere condiciones de seguridad, conectividad e inclusión para facilitar su adopción entre usuarios y comercios. (Fotografía: https://kaboompics.com en Pexels)
La capacitación financiera y la prevención de fraudes son fundamentales para fortalecer la confianza en los medios de pago digitales. (Fotografía: RDNE Stock project en Pexels)

Redacción | Vanguardia Industrial

CIUDAD DE MÉXICO (08/11/2026).- La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) propone una reforma breve a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

El organismo enfatizó que la ley entró en vigor el 5 de noviembre y que, a partir de entonces, la Secretaría de Hacienda tiene 15 días hábiles para definir los sectores donde el pago digital será la única opción.

“Lo que se escriba en los siguientes días, semanas, decidirá si esta ley incluye o excluye; por eso, la AIMX presenta ocho propuestas concretas y ponemos nuestra capacidad técnica a disposición de las autoridades”, señaló Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la AIMX, la cual dio su respaldo a la legislación

El ingeniero y abogado especializado en derecho digital y ciberseguridad apuntó que la ley acierta en lo esencial, dado que un 85.2% de la población usa efectivo de manera frecuente en compras de 500 pesos o menos (datos de ENIF 2024).

“La dependencia en el cash deja sin crédito a quien no puede demostrar lo que gana, encarece cada operación y abre espacio al dinero ilícito”, aseguró.

No obstante, el organismo respaldó la ley, pero con la advertencia de que esta parte de un diagnóstico incompleto y asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción.

¿Qué cambios propone la AIMX?

Casi todo cabe en las disposiciones de carácter general que la ley ordena emitir, las primeras en un plazo de 30 días hábiles. Lo que no quepa ahí cabe en una reforma breve.

La AIMX detalló que ninguna de las medidas que propone frena el objetivo de la ley, sino que lo acelera. La gente adopta rápido lo que entiende, lo que funciona en su teléfono y lo que no la deja desprotegida cuando algo sale mal, expuso.

La propuesta de la organización está integrada por los siguientes ocho puntos.

Un programa nacional de capacitación y concientización: Módulos obligatorios y en lenguaje claro al abrir cualquier cuenta, campañas permanentes sobre los fraudes que realmente ocurren y capacitación a cada comercio que empiece a cobrar en digital. Con la participación de las autoridades educativas y de las dependencias que atienden a personas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, y con metas públicas medidas en la ENIF.
Reembolso garantizado ante fraude: Devolución en plazo breve de toda operación fraudulenta sin culpa de la persona usuaria, con un procedimiento de aclaración ágil y que recaiga en la entidad adecuada y no solo en la institución financiera. Sin confianza no hay adopción.
Criterios públicos y piso de efectivo: En particular para el artículo 13 de la ley, en los sectores elegidos por riesgo de lavado, monto promedio, bancarización de los usuarios y cobertura de red, con consulta pública, vigencia diferida, revisión anual y un procedimiento ágil para impugnar la inclusión de un sector. Idealmente, con un monto por debajo del cual el efectivo siempre se acepte con armonización expresa con la Ley Monetaria. El Gobierno ha planteado iniciar con gasolineras y casetas citando datos de terminales y conectividad; ese mismo estándar de evidencia debe exigirse a cada sector que se sume, con un diagnóstico por sector y región antes de restringir el efectivo. Para el pequeño comercio, esquemas de aceptación preferentes durante la transición, diseñados en una mesa técnica con la industria, y certeza de que un depósito o una transferencia no se presumirá ingreso acumulable: puede ser un préstamo o un traspaso entre cuentas propias.
Conectividad medida donde la gente vive: Asignación de presupuesto real para los programas del artículo 18. Exclusividad digital sólo donde la red alcance un umbral de disponibilidad verificable, y una contingencia que cubra las fallas estructurales, no sólo las extraordinarias.
Mayor inclusión con aplicaciones para los teléfonos de gama baja y versiones en las lenguas de México: Versiones ligeras de las aplicaciones financieras y de la CURP Digital para equipos de gama baja y poca señal. Interfaces y alertas en las lenguas indígenas con más hablantes, y canales asistidos para personas mayores y con discapacidad.
Mayores garantías para la privacidad: Finalidad, minimización y proporcionalidad; biometría sólo al abrir la cuenta y credenciales derivadas para cada pago; causa legal y control judicial para el acceso de cualquier autoridad al historial de pagos. Prohibición de usos secundarios, plazos de borrado e informes de transparencia de la Plataforma Única de Identidad. La CURP Digital debe seguir siendo una opción, como dice el artículo 6, y no una condición.
Mejorar las garantías de seguridad y evidencias para quienes reciben pagos. Establecer condiciones para contar con estándares mínimos de seguridad y privacidad para comercios y tesorerías, con códigos QR dinámicos y firmados. Conservación de bitácoras de autenticación y operación conforme a la NOM-151, para facilitar que ante un juicio existan elementos probatorios. Neutralidad tecnológica y competitiva: reglas que fijen resultados y no tecnologías ni proveedores, para que bancos, fintech y nuevos participantes compitan en igualdad de condiciones. Habilitar códigos QR en las terminales exige inversión y planeación: calendarios públicos, periodos de prueba y gradualidad según el tamaño de los comercios.
Rendición de cuentas. Informe anual del Ejecutivo al Congreso sobre adopción, exclusión, fraude y uso de la información de identidad y de pagos, y revisión integral de la ley a los tres años.

El llamado de la Asociación de Internet y de la industria digital

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la CNBV y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a someter a consulta pública la primera lista de sectores y las reglas secundarias antes de publicarlas. Quince días hábiles alcanzan para escuchar a quienes van a vivir con esas reglas. La mesa de análisis que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sostuvo con el sector privado en septiembre ya trazó la ruta: gradualidad, reglas claras sobre datos personales, neutralidad tecnológica, certeza fiscal y costos razonables para las mipymes. Las reglas secundarias deben recoger esos acuerdos”, dijo Díaz González.

La AIMX recomienda:

Realización de mesas técnicas con autoridades, industria, academia y sociedad civil mientras se redactan las disposiciones.
Considerar la experiencia de las empresas dedicadas a la ciberseguridad, prevención de fraude y protección de datos a los contenidos de capacitación y a los estándares mínimos para comercios.
Dar seguimiento público a la implementación, con indicadores de adopción, exclusión y fraude, y compartir información agregada y anónima de sus asociados para que la selección de sectores se apoye en datos reales de adopción.
Contar con parámetros de medición del éxito de esta ley: no se medirá por el número de terminales instaladas, sino por preguntas como:
- ¿Cuántas personas pagan con el celular dentro de tres años, y cuántas perdieron dinero en un fraude mientras aprendían?
- ¿Alguien se quedó sin comprar comida o medicinas por no tener cuenta, teléfono o señal?
- ¿Se usó la información de pagos para un fin distinto del que la ley autoriza?

“Las respuestas no dependen de la tecnología, que ya existe, sino de las reglas que aún no se han escrito. La adopción no se decreta: se construye. Y la inclusión financiera se logra abriendo cuentas, no cerrando cajas”, puntualizó Díaz González.

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